Tres años después de la matanza del 68 sucedió «El Halconazo», un crimen lleno de temor, impotencia e ignorancia.
Luego de la Matanza del 2 de octubre de 1968 perpetrada en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, su sucesor en el poder, Luis Echeverría Álvarez presentó su gobierno como uno de apertura hacia los movimientos sociales; fue en este periodo cuando personajes como José Revueltas, escritor, activista y preso político, resurgieron en el ámbito político.
A la par de esta anunciada apertura, en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), estudiantes y profesores establecieron una ley encaminada a un gobierno paritario, esto en 1971. Al gobierno estatal no le pareció esta medida, por lo que redujo en gran medida el presupuesto asignado a la universidad y obligó al Consejo Universitario a aprobar una ley que supondría la pérdida de la autonomía de la institución.
Ante esta presión del gobierno, integrantes de la UANL organizaron una huelga y pidieron el apoyo de las demás universidades del país. De forma inmediata, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) respondieron. A pesar de que las exigencias en la UANL ya había derivado en la renuncia del gobernador de Nuevo León, Eduardo A. Elizondo Lozano, y en la promulgación de una nueva ley con la que muchos daban por terminado el conflicto, estudiantes capitalinos organizaron una marcha para el día 10 de junio, pues decían aún habían temas que atender.
Dentro de sus peticiones, los estudiantes reclamaban la democratización de la enseñanza, que los profesores y alumnos controlaran el presupuesto universitario y que este fuera equivalente al 12% del Producto Interno Bruto, educación de calidad para todos, libertad política, respecto a la diversidad cultural en México, apertura democrática, apoyo a la vida sindical de los obreros y fin a la represión gubernamental.
Así, el 10 de junio de 1971 la marcha partió de la estación Normal del metro con rumbo al Zócalo del entonces Distrito Federal.
De acuerdo con reportes de la época, las calles por donde pasarían los estudiantes fueron bloqueadas por granaderos y policías. A su paso también encontraron tanques antimotines. Sin embargo, elementos de un grupo de choque, con entrenamiento de la CIA y de la Dirección Federal de Seguridad, conocido como “Halcones“, llegaron en camiones, camionetas y transportes oficiales para golpear a los estudiantes. Al defenderse de las agresiones, los “Halcones” abrieron fuego contra los estudiantes con armas de alto calibre.
A pesar de que el acto dejó una cifra que se estima fue de 120 estudiantes asesinados, esta fecha no es tan recordada como el 2 de octubre de 1968 por la escasa información que ha habido al respecto a lo largo de los años.
Autoridades han negado la existencia de un grupo entrenado conocido como “Halcones”, e incluso plantearon la hipótesis de que se trataron de órganos estudiantiles radicales. No obstante, según informó La Jornada, tiempo después de estos hechos la Dirección Federal de Seguridad detuvo a un “ex Halcón” y se encontraron documentos en los cuales el coronel Manuel Díaz Escobar, entonces subdirector Subdirector de Servicios Generales del Departamento del Distrito Federal, informaba:
“Nota: la siguiente remesa, recomienda el señor regente aplicar todo el rigor del tratamiento, se trata de cabecillas. P.D.T. Para escarmiento hagan(lo) frente a los demás detenidos”.
Luis Echeverría, resguardado en el Palacio Nacional por cientos de soldados, aseguró que se castigaría a los culpables. Los jefes policiacos culparon a los estudiantes, porque, aseguraban, fueron los grupos extremistas quienes atacaron a sus compañeros. El regente de la ciudad y el Procurador General negaron la existencia de Los Halcones. Se detuvieron a más de 150 personas que calificaban como «agresores», pero ninguno fue consignado porque no había quién presentara la denuncia.
El regente Alfonso Martínez Domínguez renunció. El general Daniel Gutiérrez Santos fue sustituido. Manuel Díaz Escobar desintegró a Los Halcones y fue enviado como agregado militar a Chile, donde Augusto Pinochet –su amigo– daría el golpe militar contra Salvador Allende. Se abrió una investigación contra Luis Echeverría por genocidio; en 2006 fue encontrado culpable, pero más tarde se desestimó el cargo y le eximieron de culpas, no sólo a él sino a funcionarios y jefes militares también. En 2005, algunos miembros del Comité 68 acudieron a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para reabrir y solucionar la impunidad. Con cientos de archivos, el caso no prosperó.
Estas matanzas en los años 60 y 70 fueron perturbadoras, pero en la actualidad también las hay. Por toda América Latina, los indígenas son asesinados en masa.