Dejamos de comer alimentos y los sustituimos por productos ultraprocesados provenientes de fábricas, diseñados en laboratorios.
Hemos comido por decenios atún que no era atún, panes integrales que no tenían harina integral, néctares que contienen una cantidad mínima de jugo, a nuestros hijos les damos yogures que dicen que les permiten crecer, cereales que les brindan vitaminas y minerales, así como bebidas gaseosas que nos brindan felicidad. Desconocemos lo que nos llevamos a la boca.
Gracias a normas hechas a modo de las corporaciones y a una publicidad y etiquetados engañosos, los mexicanos nos hemos convertido en los mayores consumidores de comida chatarra, los niños son los que consumen los productos ultraprocesados menos saludables, lo más chatarra, los que tienen más azúcar, grasas, sal, más colorantes, más saborizantes y más aromatizantes artificiales.
Basta revisar las normas oficiales mexicanas que regulan estos productos para encontrarse una larga lista de empresas que participaron en su elaboración. Desde la administración de Salinas de Gortari, la Ley Federal sobre Meteorología y Normalización se abrió a la influencia de las corporaciones bajo el principio de que debería democratizarse una actividad que antes se ejercería directamente desde las instancias reguladoras del Estado. Desde Salinas, una gran cantidad de normas han quedado dictadas por las corporaciones.
¿Por qué durante decenios la norma que regula los productos de panificación permitió, de manera totalmente engañosa, que se comercializaran panes como “panes integrales”, sin tener harina integral?. Un gran negocio para esa industria, engañando a los consumidores, vendiendo un producto a un precio mayor por supuestamente tener una cualidad: “ser integral”. Se le puso un poco de color caramelo y algo de fibra para como se dice popularmente “diera el gatazo”. El gran beneficiario fue Bimbo que ha mantenido el control casi monopólico del mercado del pan industrializado en el país.
El caso del Atún es el último en darse a conocer, en cuanto a engaño y ocultamiento en la composición de los alimentos. Lo que llama la atención es que en la norma de productos de pesca no se regula el añadido de soya en el producto. Por lo tanto, se puede añadir la soya que se quiera y el consumidor comprará y consumirá el producto sin saber que gran parte del producto contiene soya. Y más grave aún, al no informar la presencia de soya al frente del producto, las personas alérgicas pueden verse en una situación peligrosa.
Los comités de norma se forman, generalmente, con la participación del gobierno, la academia, la representación de consumidores, el sector comercial y el sector industrial. Durante los sexenios anteriores, los votos del gobierno estuvieron del lado de la industria, a esos se sumaron la representación de los consumidores, casi siempre representada por PROFECO. Desde Economía se determinaban sus votos, tanto de las dependencias del gobierno involucradas en la norma, como de PROFECO. Estos votos se sumaron, en muy diversas ocasiones, a los de la industria y el sector comercial.
Un ejemplo claro, en otro sector, el automotriz, es el de la seguridad vehicular. La norma, que fue establecida después de varios años de retraso, fue influenciada por la industria automotriz para permitirse la venta de vehículos en México sin los sistemas de seguridad que cumplen todos los vehículos que esa misma industria exporta desde México a los Estados Unidos, Canadá y Europa. Lo anterior a pesar que la propia Secretaría de Salud y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte exigían avanzar en sistemas de seguridad básicos recomendados por la Organización de las Naciones Unidas.