En temporada de elecciones, uno de los temas más importantes son los delitos electorales.
Al estar conformado por colectivos y equipos de trabajo, el mundo laboral es vulnerable a este tipo de actividades ilícitas. De acuerdo a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, ningún empleador, gremio o sindicato puede presionar o amenazar para que votes por un candidato o partido político. Está prohibido condicionar el contrato, salario, comisiones, prestaciones o promociones si el empleado no:
- Asiste a eventos proselitistas.
- Vota o se abstiene de emitir el sufragio en favor o en contra de un candidato, partido o coalición.
- Da “apoyos económicos” para campañas electorales.
- Entrega pruebas o testigos de “por quién votó”.
- Participa en actos vandálicos contra casillas electorales.
Las sanciones por estas acciones son de cincuenta a cien UMA (Unidad de Medida y Actualización) y prisión de seis meses a tres años. Otro delito electoral es prometer gratificaciones laborales a cambio de un voto. Solicitar identificaciones (o fotocopias de credenciales) sin justificación o aviso de privacidad también es ilegal. Denunciar esta actividad es más difícil, ya que (en teoría) es imposible usar una credencial de elector sin el titular (intentar votar con identificación ajena es motivo de sanción).
Si intentan cambiar mi voto, ¿también es un delito?
Según Verificado 2018, la diferencia entre un delito y persuadir a un empleado se encuentra en las amenazas y la coacción. Influir en la decisión de un trabajador no es penado, pero es una mala práctica organizacional (relacionada a otra clase de delitos). Como empleado, es importante que identifiques estas acciones y las sometas a criterio, para ejercer un voto responsable. El perfil político de cada individuo se compone de diferentes factores, mayoritariamente ideológicos. Por lo tanto, un discurso propartidista “bien argumentado” puede ser más efectivo que la violencia. Algunas estrategias persuasivas comunes en los ambientes laborales son:
- Coaching fake: Es el método más común en los grandes corporativos. El modus operandi es contratar coaches, analistas políticos o conferencistas (incluso, standuperos) que integran en sus rutinas estadísticos o información que perjudica a algún candidato o partido. En muchos casos, son tan sutiles y efectivos que logran traspasar el ambiente laboral hacia las discusiones familiares.
- Infiltrados: Aunque parezca una táctica de la Guerra Fría, existen corporativos que costean chivatos dentro de la empresa (no sólo con fines sindicales). Estos “empleados” se encargan de hacer el trabajo sucio, como hacer reportes de por quién votará cada empleado (a partir de las pláticas de sobremesa o perfiles social media).
- Big Brother informativo: ¿Las pantallas de los elevadores y comedores tienen una selección informativa sui géneris? Aunque la ley regula el contenido de las campañas electorales, existen empresas que se encargan de diseñar estrategias de comunicación persuasivas sin infringir la ley.
- Bots cárnicos: En resumen, es cuando los empleadores presionan a sus empleados para que den like, comenten y compartan los posteos e información de algún candidato. Alrededor del mundo, muchos partidos utilizan esta estrategia porque da “realismo” a los perfiles que integran sus squads de haters.
- Compartir tus datos personales a partidos: ¿Te han llamado de un partido político opositor? Podría deberse a que tus datos de contacto han sido compartidos sin tu autorización. Existe la posibilidad de que los empleadores compartan información personal de la plantilla para propaganda electoral (a cambio de alianzas, recompensas económicas o amiguismo).
Si sospechas que tu empresa viola tu derecho a un voto libre y secreto, denuncia o pide asesoría anónimamente ante la Fepade. Comunícate por correo a fepadenet@pgr.gob.mx, llamada (01 (800) 833-7233) o mediante la app FepadeMóvil.
Fuente: Occ.com.mx