Seguramente ya leíste en las redes sociales que se privatizó el agua mientras los mexicanos están entretenidos con el Mundial de Futbol.
Estas reformas no son nuevas y no es un rumor nuevo, en diversos momentos del sexenio actual se ha difundido, pero ha tomado nuevos aires en el actual momento con el Mundial y con las campañas políticas, lo que ocurrió fue que en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente de México firmó 10 decretos de reserva de agua, mismos que levanta la veda sobre 300 cuencas distribuidas en 20 estados de la República.
Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación. Por lo que no se “privatizó” si no que se modificó el estatus de las vedas.
En términos sucintos, lo que Peña Nieto autorizó con la aprobación de dichos decretos fue eliminar la “prohibición que había para la entrega de permisos de extracción de agua” en esas cuencas con el pretexto de que servirían para establecer reservas de agua para áreas naturales protegidas y la naturaleza para los próximos 50 años. Para tratar de legitimar su decisión, el mandatario se hizo acompañar de una organización no gubernamental internacional: World Wildlife Fund la cual aplaudió la decisión presidencial. El presidente de esta ONG en México, Jorge Rickards, se animó a declarar lo siguiente: “Estos decretos representan una visión de futuro que evitará la grave sobre explotación, contaminación y escasez que vivimos en muchos otros ríos del país”.
Pero en lugar de promover la protección de las aguas nacionales, como intentaron justificar el presidente Peña Nieto y el representante de esta ONG internacional, los diez decretos que levantan la veda sobre estas diez cuencas de agua, abren la puerta para que 55 por ciento del vital líquido se utilice para fines lucrativos, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales municipales o entregando concesiones de agua para las distintas empresas extractivas del país, como son minería, hidrocarburos, turística, o inmobiliaria.
Los decretos se enfocan en diferentes regiones hidrológicas nacionales. Hay uno para el área del Grijalva-Usumacinta y otro para el Papaloapan. Hay un decreto para el Pánuco, otro para la Costa Grande de Guerrero, dos diferentes para San Fernando — Soto la Marina (A y B) y uno distinto para la zona de Lerma-Santiago. Además de esos, Peña Nieto firmó un decreto más para Actopan-Antigua. También, la Costa de Jalisco tiene el suyo y Ameca no se quedó atrás.
No hay que ser un genio para prever hacia donde se dirigen los cuerpos de agua con las nuevas concesiones previstas: hacia todas las actividades extractivas como minería, explotaciones energéticas, fracking, hidroeléctricas, actividades industriales, desarrollos turísticos e inmobiliarios. Por sus consecuencias, estos decretos ejecutivos son el equivalente a una “reforma estructural” en materia de agua, pero sin pasar por el poder Legislativo, sólo utilizando facultades del poder Ejecutivo.
Visto en conjunto, estos decretos de levantamiento de veda de utilización de aguas en 300 de las 756 cuencas que existen en el país, significan la “joya de la corona” de las reformas estructurales de Peña Nieto, pues implican dirigir el principal recurso y bien común de los mexicanos no a la satisfacción para la reproducción de la vida, sino para alimentar las distintas dinámicas de acumulación de capital que predominan ahora en México. Desde ahora podemos vaticinar el fracaso de esta política estatal y la defensa de pueblos, comunidades y barrios de sus recursos.